La Contraloría General de la República a través de su Delegada para el Sector Justicia, adelantó Seguimiento Permanente a los bienes entregados de las FARC en el marco del Acuerdo de Paz, con el fin de identificar los recursos con los que cuenta la Justicia Transicional para la implementación de sus sentencias.

En el marco del seguimiento, se realizó un análisis a las órdenes impartidas por la JEP en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-STNo.002 de 2025 de la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento, donde se determinó que, dentro de los componentes de las sentencias, se encuentra el restaurativo y reparador, el cual, según cálculo estimativo de la Jurisdicción Especial, requiere $121.858 millones de pesos, de los cuales solo hay disponibles $20 mil millones de pesos para el 2026.

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Adicionalmente, frente a los demás componentes, "se profirieron una serie de órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades públicas del nivel nacional y territorial a las que les corresponde la garantía de las condiciones para su implementación, así como la consecución de recursos para cumplirlas".

Sin embargo, indicó el ente de control, "no se tienen recursos presupuestados para dar cumplimiento a esas órdenes, limitando su ejecución en la vigencia 2026".

De otro lado, frente a los bienes recibidos de las FARC-EP, se designó a la SAE S.A.S., como administradora del patrimonio autónomo que tendría a cargo la administración de estos bienes y se determinó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- era la entidad designada por el Gobierno Nacional como beneficiaria.

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La Contraloría General de la República pudo identificar los activos que se comprometió entregar las FARC en el marco del Acuerdo de Paz con el fin de reparar a las víctimas y lo efectivamente entregado y monetizado: 

"Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación, pues entraña una incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias frente a la obligación del Estado Colombiano frente a los derechos de las víctimas", finalizó la Contraloría.